Los hipopótamos de Escobar: la bomba ecológica que no quisimos desactivar

Los hipopótamos de Escobar: la bomba ecológica que no quisimos desactivar

April 22, 20263 min read

Por: Eduardo Padilla Hernández

Tratadista de derecho ambiental

Cuatro hipopótamos cruzaron ilegalmente la aduana colombiana en 1984. Treinta y dos años después de la muerte de quien los importó, Pablo Escobar, su descendencia supera los 170 ejemplares. Ya no son una excentricidad de la Hacienda Nápoles. Son una especie invasora silvestre que coloniza el Magdalena Medio, y el Estado colombiano los mira con la misma inacción con que miró al capo en sus primeros años.


El problema dejó de ser anecdótico para convertirse en jurídico y ambiental. Un hipopótamo adulto pesa tres toneladas, consume cuarenta kilos de pasto diario y defeca dentro del agua. La Universidad Javeriana y la Universidad de California San Diego demostraron en 2020 que los lagos ocupados por hipopótamos tienen concentraciones de nitrógeno, fósforo y bacterias fecales diez veces superiores a lagos sin su presencia. Traducido: eutrofizan los humedales, matan peces por hipoxia y alteran la cadena trófica del río más importante del país.


El derecho ambiental colombiano es claro. La Ley 99 de 1993 ordena al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. El Decreto 1608 de 1978 prohíbe introducir especies exóticas sin permiso. El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por Ley 165 de 1994, obliga a “prevenir la introducción, controlar o erradicar” especies invasoras que amenacen ecosistemas. Aquí no solo se introdujeron sin permiso: se dejaron reproducir durante tres décadas con pleno conocimiento de las autoridades.


¿Por qué no se actuó? Por una mezcla de costos, populismo y vacío de responsabilidad. Capturar y esterilizar un hipopótamo requiere anestesia de elefante, grúas y quince operarios. Vale cincuenta millones de pesos por animal. Se logran esterilizar diez al año. Nacen veinte. La cuenta no cierra. Mientras tanto, el atractivo turístico de Nápoles y la simpatía que despierta el “animalito” frenan decisiones impopulares. Preferimos el riesgo de un desastre ecológico antes que el costo político de un sacrificio técnico.


El Instituto Humboldt lo advirtió en 2021: si no se remueve al menos el treinta por ciento de la población anualmente, la curva de crecimiento será exponencial. Sus modelos proyectan mil quinientos individuos para 2035. A esa escala ya no hablamos de controlar. Hablamos de resignarnos a que el Magdalena Medio tenga un nuevo ingeniero ecosistémico africano, con desplazamiento de manatíes, tortugas y degradación irreversible de ciénagas.


El lío es también de seguridad pública. El hipopótamo es el mamífero que más muertes causa en África. En Puerto Triunfo ya hay reportes de ataques a canoas y un muerto en la vía Medellín-Bogotá en 2022. El Código de Policía permite a las autoridades adoptar medidas para proteger la vida. Pero cuando la amenaza tiene nombre de narco y cara simpática, la norma se vuelve elástica.


No hay salidas buenas, solo menos malas. La reubicación internacional fracasó en 2023 por costos y trabas sanitarias. La esterilización es un paliativo lento. La caza de control, autorizada por MinAmbiente en 2023, es técnicamente la más eficaz pero jurídicamente la más frágil: cualquier juez puede suspenderla por una tutela, como ya ocurrió cuando un tribunal de http://EE.UU. declaró a los hipopótamos “personas interesadas”.


El principio de precaución, columna vertebral del derecho ambiental, exige actuar ante el riesgo de daño grave o irreversible, aunque no haya certeza científica absoluta. Aquí la certeza es absoluta y el daño es grave. La omisión del Estado configura una falla del servicio por no proteger la biodiversidad ni la vida de los ribereños.


Escobar traficó cocaína y el Estado tardó años en reaccionar. Escobar traficó fauna y llevamos treinta y tres años sin reaccionar. En ambos casos, la factura la pagan los colombianos. La diferencia es que la coca se erradica. Un hipopótamo de tres toneladas no.


Si no definimos ya un plan de manejo con metas, presupuesto y responsables, en diez años no estaremos escribiendo columnas sobre un lío ambiental. Estaremos escribiendo sobre una catástrofe que vimos crecer y decidimos indultar.


Profesor universitario

Eduardo Padilla Hernández

Profesor universitario

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